Siempre que la sociedad pueda presentar balance abreviado no tiene imposición legal de auditarse.
La obligación de auditoría de una entidad en España viene regulada en el Ley de Sociedades de Capital y en el Nuevo Plan General de Contabilidad, en donde se modificaron los límites obligatorios de auditoría de cuentas anuales para la formulación del Balance y Estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.
Las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes, deberán verificar sus Cuentas Anuales por un auditor inscrito en el R.O.A.C. de manera obligatoria:
- Que el total de las partidas en activo y/o pasivo superen los 2,8 millones de euros.
- Que el importe neto de su cifra de negocios supere los 5,7 millones euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta. (No cuentan ETT).
En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior. Por lo tanto, al no superar los límites de auditoría obligatoria no deberán auditar sus cuentas.
Estos límites de auditoría de cuentas obligatorio son los establecidos desde el 1 de Enero de 2008 y actualmente están en vigor. En caso de tener dudas sobre si su empresa está obligada a auditar sus cuentas anuales, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Existen, además, circunstancias especiales que requieren un informe de auditoría de cuentas, balance o cuentas justificativas como son las fusiones, absorciones, escisiones, ayudas, etc.
No obstante lo anterior, la realización de una auditoría de Cuentas Anuales o la revisión de los estados financieros por parte de un auditor oficial, siempre permite a la empresa tener una visión objetiva del estado en que se encuentra y obtener conclusiones que ayudan a mejorar su eficiencia y la calidad de la información, mejorando el control interno de la misma. Además, supone una garantía de fiabilidad frente a terceros: accionistas, entidades bancarias, acreedores, etc.